Por Guillermo Torres Quiroz
La reaparición pública de Felipe Calderón en un foro en Buenos Aires reabrió un diagnóstico incómodo: en México el crimen organizado dejó de ser “una banda” para convertirse en un sistema que busca sustituir funciones del Estado. La ruta—sobornar primero al policía, luego al comandante, después al alcalde y al gobernador—explica por qué regiones completas operan hoy bajo control criminal.
Uruapan como síntoma
El asesinato del alcalde Carlos Manzo y las amenazas a regidores exhibieron lo esencial: la autoridad local está rebasada y parte de la población confía más en las mafias que en las instituciones. La respuesta federal—anunciar desde Palacio Nacional un “Plan Michoacán” y reforzar programas sociales—luce desconectada del terreno. Censar y repartir no desmantela redes de extorsión, ni profesionaliza policías, ni fortalece fiscalías.
Mientras tanto, Grecia Quiroz, nueva alcaldesa, capitaliza el agravio y consolida al Movimiento del Sombrero como actor local con capacidad de castigo electoral en 2027. La ola de marchas en Morelia y Uruapan muestra que la calle y el discurso oficial transitan por carriles distintos.
La economía también vota
¿Quién invierte donde gobierna el miedo? Michoacán exporta aguacate y limón pese a todo, pero el potencial se frena sin seguridad jurídica. Si la estrategia se reduce a subsidios y becas—como la recién anunciada Gertrudis Bocanegra—el resultado es, en el mejor de los casos, alivio temporal, no recuperación institucional.
2027: tentación de campaña desde el poder
En Cámara de Diputados avanza la idea de emparejar la revocación de mandato con la elección de 2027. El efecto práctico: permitir a la presidenta campañear en plena contienda intermedia. La justificación es “ahorro”; el efecto, ventaja indebida y contaminación de un mecanismo que la propia 4T prometió separar de procesos electorales. Sería un retroceso democrático.
Libertad religiosa vs. laicismo militante
Otra grieta corre por el Congreso: tras la bendición de un diputado en tribuna, algunas voces exigieron silenciar expresiones de fe en recintos públicos. En paralelo, se impulsa una iniciativa—vinculada a la dirigencia de Morena—para censurar contenidos religiosos en redes antes de publicarse.
Un Estado laico garantiza libertad de conciencia; un Estado laicista la aplasta. El artículo 24 protege la manifestación de creencias; exigir permisos previos es censura y choca también con el artículo 6 sobre libertad de expresión. Resulta paradójico que se toleren rituales prehispánicos en espacios oficiales y, al mismo tiempo, se intente prohibir una bendición.
Qué debería cambiar (y medirse)
- Seguridad con inteligencia: metas trimestrales públicas para desarticular extorsión y control territorial; mando coordinado; evaluación de riesgo real a autoridades municipales.
- Instituciones, no clientelas: presupuesto 2026 con prioridades en ministerios públicos, peritos, jueces y policías locales. Programas sociales condicionados a permanencia escolar y empleo formal, con auditoría anticaptura.
- Transparencia en cooperación: si hay apoyo internacional, que se publique alcance, salvaguardas y resultados.
- Respeto a las libertades: retirar iniciativas que censuran expresión religiosa y asegurar que cualquier reforma electoral no otorgue ventajas al poder en turno.
- Vigilancia ciudadana: observar el desempeño de gobernador y alcaldes, y documentar cada intimidación a funcionarios y electores rumbo a 2027.
Lo que está en juego
México vive una batalla de rumbo: o se pasa de eslóganes a resultados verificables, o se normaliza la captura criminal con paliativos. La seguridad sin justicia es teatro; la justicia sin seguridad es impotencia.
La respuesta está en tres verbos cívicos: informarse, exigir y participar. Sin ciudadanos activos, 2027 puede consolidar la negación; con ciudadanía organizada, puede ser el inicio de la reconstrucción institucional que el país merece.
EL DATILLO
El 2 de noviembre pasado fue un verdadero día de crisis para la oficina presidencial. El asesinato de Carlos Manzo provocó intensas discusiones al interior del gobierno sobre cómo actuar ante la tragedia de un crítico férreo de la administración actual. La instrucción fue minimizar el caso e incluso mostrarse indolentes, con el argumento de no “dar vuelo a la oposición”.
Sin embargo, las mediciones demostraron una caída de hasta 15 puntos porcentuales en la aprobación de la presidenta. Tal vez por ello presenciamos la utilización de cortinas de humo, como el presunto acoso a la mandataria, la propuesta para modificar la fecha de la revocación de mandato y los intentos de desacreditar las marchas del 15 de noviembre, en una vieja estrategia de la política mexicana: distraer al pueblo cuando la verdad incómoda.