Guillermo Torres Quiroz
El 25 de junio de 1952 nació, en San Diego, California, Ernesto Guillermo Ruffo Appel, el primer gobernador de oposición reconocido en la historia contemporánea de México y hoy señalado por sus simpatizantes como uno de los presos políticos del sexenio claudista.
Desde niño vivió en Ensenada, Baja California, donde cursó su educación básica. Durante el servicio militar alcanzó el grado de sargento segundo en la 24.ª Brigada de Infantería, en 1970.
Estudió la Licenciatura en Administración de Empresas en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, donde también cursó materias de Economía. Apasionado por los temas navales, hidráulicos y mecánicos, realizó estudios complementarios en instituciones de Estados Unidos, Noruega y Sudáfrica. Fue precisamente en este último país donde, de acuerdo con los relatos sobre su trayectoria, conoció a Nelson Mandela, entonces una de las principales figuras de la oposición al régimen del apartheid.
EL EMPRESARIO QUE ENTRÓ A LA POLÍTICA
A los 23 años recibió una invitación para desempeñarse como gerente administrativo del Centro Empresarial de Ensenada, organismo influido por un liderazgo empresarial que comenzaba a asumir una posición crítica frente al régimen priista.
A principios de la década de 1980 llegó a Ensenada el ingeniero Raúl Velazco Zimbrón, hijo de uno de los primeros militantes del PAN en esa localidad. Se incorporó a Pesquera Zapata, una de las empresas más importantes de la región y en la que posteriormente también trabajaría Ernesto Ruffo.
En Pesquera Zapata, Ruffo ocupó diversos cargos: jefe de personal, jefe de flota, gerente de organizaciones y director general. Permaneció en la empresa hasta 1986, año en el que, mientras presidía el Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada, aceptó la invitación del PAN para competir por la presidencia municipal durante el periodo 1986-1989.
BAJA CALIFORNIA, LABORATORIO DE LA ALTERNANCIA
En las elecciones para gobernador de Baja California de 1983, el PAN ya había mostrado un avance electoral importante. Su candidato, Héctor Terán Terán, obtuvo 121 mil 818 votos, equivalentes al 25 % de la votación.
El candidato de la alianza PRI-PARM, Xicoténcatl Leyva Mortera, consiguió 264 mil 646 sufragios, alrededor del 54 %. Además, se anularon 76 mil 562 votos, que representaron el 15.75 % del total.
Para la época, la diferencia era menor de lo que acostumbraba presumir el régimen. El PAN denunció un fraude electoral y cuestionó que, en la distribución del Congreso local, no se le asignaran diputaciones, mientras sí se otorgaban espacios a partidos de izquierda como el PPS, el PSUM y el PST.
En ese contexto, el entonces obispo de Tijuana, Emilio Berlié, realizó una convocatoria que resultaba provocadora para aquellos años: construir un plan pastoral que impulsara la participación social y política de los ciudadanos.
Entre sus propuestas se encontraban promover grupos de acción social y política en los barrios; vincular a la comunidad con instituciones educativas, sanitarias y de servicios públicos; motivar a los jóvenes a asumir responsabilidades sociopolíticas; facilitar el ejercicio del voto mediante información adecuada y procesos de discernimiento, y ofrecer elementos para comprender la realidad local, nacional e internacional más allá de unos medios de comunicación que, en ocasiones, manipulaban u ocultaban los hechos.
ENSENADA ABRIÓ EL CAMINO
Durante las elecciones municipales de 1986, Ruffo fue objeto de distintas presiones para que declinara su candidatura. No lo hizo.
Ganó la presidencia municipal de Ensenada con el 55 % de los votos —33 mil 234 sufragios—, frente a los 19 mil 231 obtenidos por el candidato priista Alfredo González Corral, quien alcanzó aproximadamente el 32 %.
La victoria fue contundente. Una vez reconocido el resultado, el primer triunfo panista en una alcaldía de Baja California convirtió la administración de Ruffo, aun sin haber sido concebida con ese propósito, en una plataforma fundamental para su posterior candidatura a gobernador.
Como alcalde enfrentó y resolvió conflictos importantes, entre ellos la huelga del servicio municipal de limpia y las presiones financieras provocadas por la suspensión de participaciones económicas por parte del gobierno estatal.
Para 1988, el desgaste del PRI en Baja California era ya difícil de contener. El gobernador Xicoténcatl Leyva había abandonado el cargo antes de concluir su periodo para incorporarse al Banco Interamericano de Desarrollo. A ello se sumó la percepción de que la candidatura de Margarita Ortega había sido impuesta desde el centro del país.
Eran condiciones que preparaban la derrota del partido tricolor.
1989: EL PRIMER GOBERNADOR DE OPOSICIÓN
El 10 de marzo de 1989, Ernesto Ruffo Appel fue designado candidato del PAN a la gubernatura. Su campaña recibió un respaldo ciudadano poco común para aquellos años.
Se creó la organización Ciudadanos Ruffistas Asociación Civil, conocida como CRAC. Empresarios locales, cámaras de comercio, profesionistas organizados y estudiantes universitarios se sumaron al proyecto.
El 2 de julio, Ruffo ganó las elecciones con 204 mil 120 votos, equivalentes al 47 % de la votación. La candidata priista Margarita Ortega Villa obtuvo 162 mil 941 sufragios, alrededor del 38 %.
El presidente Carlos Salinas de Gortari reconoció el triunfo. Baja California se convirtió así en la primera entidad gobernada por un partido de oposición desde la Revolución mexicana.
La alternancia había comenzado.
UN GOBIERNO MÁS CERCANO A LOS CIUDADANOS
El primer gobierno panista abrió nuevos espacios para la participación ciudadana y la vinculación con las instituciones públicas.
Se buscó que los problemas individuales y comunitarios llegaran con mayor rapidez a quienes podían solucionarlos; que los funcionarios estuvieran más cerca de la sociedad y que se redujera la distancia entre gobernantes y gobernados.
Uno de los programas más representativos fue Manos a la Obra, mediante el cual se pretendía fomentar la organización vecinal y la participación ciudadana. La lógica era sencilla: identificar un problema, organizar a la comunidad y resolverlo mediante un esquema de corresponsabilidad.
En algunas obras, el gobierno aportaba el 80 % de los recursos y los ciudadanos el 20 % restante.
Durante su administración también se impulsaron medidas como la credencial de elector con fotografía, la actualización del padrón electoral y la creación de un órgano electoral autónomo en el ámbito estatal.
Se emprendió una modernización administrativa, especialmente en materia fiscal; se fortaleció a los municipios mediante una mayor autonomía financiera y, antes de la firma del Tratado de Libre Comercio, se apoyó a los sectores empresarial e industrial para impulsar las exportaciones.
Asimismo, se invirtió en redes de agua potable, pavimentación y servicios públicos esenciales. La infraestructura se orientó principalmente hacia las periferias de Tijuana, Mexicali y Ensenada, ciudades que enfrentaban un acelerado crecimiento demográfico.
Al concluir su administración, el PAN volvió a ganar la gubernatura con Héctor Terán Terán.
DEL SERVICIO PÚBLICO AL DISTANCIAMIENTO CON EL PAN
Ruffo dirigió una consultoría especializada en políticas públicas al terminar su mandato como gobernador. En el primer gobierno de la alternancia fue nombrado comisionado para Asuntos de la Frontera Norte durante la administración del presidente Vicente Fox. Al terminar aquel sexenio regresó a la actividad empresarial. El PAN lo invitó a competir por un escaño en el Senado mediante el principio de mayoría relativa, elección en la que obtuvo el triunfo en ese 2012.
Siendo senador, presentó su precandidatura a la Presidencia de la República para 2018, aunque posteriormente abandonó la contienda interna y acepto ser candidato a diputado federal por la vía plurinominal y, al concluir su encargo en 2021, se consolidó como un fuerte crítico de la dirigencia nacional panista.
El distanciamiento estaba consumado.
EL EXPEDIENTE DEL HUACHICOL FISCAL
El año pasado comenzó a circular información sobre una investigación relacionada con una presunta red de contrabando de combustibles que habría operado mediante la agencia aduanal Ingemar, empresa de la que Ruffo fue socio.
Su nombre apareció vinculado al llamado caso del huachicol fiscal y posteriormente fue sujeto a un proceso judicial.
La existencia de una investigación no acredita, por sí misma, la responsabilidad penal de una persona. Sin embargo, la utilización política del expediente, el momento en que se activa y el trato diferenciado frente a otros personajes obligan a formular preguntas.
¿ES UN PRESO POLÍTICO?
Esa es la interrogante que plantean diversos actores de la oposición.
Desde 2025, Ernesto Ruffo Appel se sumó al proceso de formación de Somos MX, organización que posteriormente obtuvo su registro como partido político. Su alejamiento del PAN era evidente, pero también lo era su intención de participar nuevamente en la construcción de una fuerza opositora.
Resulta llamativo que, en medio de la crisis institucional y de seguridad que enfrenta el país, la Fiscalía General de la República concentre sus esfuerzos en procesar a una figura opositora como Ruffo, mientras otros casos que involucran a personajes cercanos al oficialismo avanzan con menor claridad o permanecen sujetos a largos silencios institucionales.
Ahí están, por ejemplo, los señalamientos difundidos en torno al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, o la polémica provocada por las gestiones atribuidas a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, para recuperar su visa estadounidense.
Frente a esos casos, la actuación de las autoridades parece tener ritmos distintos.
La Fiscalía General de la República, encabezada por Ernestina Godoy, tiene la obligación de demostrar que sus decisiones responden exclusivamente a criterios jurídicos y no a intereses políticos o ideológicos.
Hasta ahora, la percepción de los críticos del régimen es otra: que el expediente contra Ruffo se utiliza para debilitar a un adversario y enviar un mensaje a quienes pretendan organizarse fuera del control de la 4T.
En los tiempos de la llamada “justicia del acordeón”, la sospecha de una venganza política no puede descartarse.
¿Existen elementos para investigarlo? Que se investigue.
¿Hay pruebas suficientes para condenarlo? Que se presenten ante un tribunal imparcial.
Pero mientras el oficialismo proteja a los suyos y aplique todo el peso del Estado contra sus adversarios, la acusación de persecución política seguirá creciendo.
Por ello, quienes defienden a Ernesto Ruffo Appel sostienen que sí es un preso político: uno que probablemente contará con una débil defensa del PAN y que podría ser abandonado por quienes hoy prefieren guardar silencio ante el poder.
EL DATILLO
Les llaman alianzas atípicas. Otros prefieren llamarlas estrategias “espantavotos”.
Movimiento Ciudadano, que durante años presumió no ser cercano a Morena ni a la 4T, comienza a realizar movimientos que llaman la atención.
Su fundador, Dante Delgado, estaría impulsando conversaciones para construir un acuerdo electoral en Baja California con el Partido del Trabajo, cuya principal figura local es el exgobernador Jaime Bonilla, enemigo político de la gobernadora Marina del Pilar Ávila.
En Nuevo León, el Partido Verde analiza una posible alianza local con el gobernador Samuel García para respaldar al senador Waldo Fernández en la carrera por la gubernatura. Mucho dependerá de las definiciones de Morena, pero los naranjas no parecen rechazar de entrada ese escenario.
Se sabe que Movimiento Ciudadano espera las decisiones de Morena y de la alianza PAN-PRI para recoger el llamado “cascajo”: dirigentes desplazados, aspirantes inconformes y grupos que no obtengan candidaturas.
En Campeche, donde MC podría ser competitivo con Eliseo Fernández, sus operadores también han buscado acercamientos con el PT y el Partido Verde, incluso bajo la posibilidad de compartir el gobierno.
Movimiento Ciudadano quiere presentarse como una alternativa distinta, pero en los estados parece dispuesto a pactar con cualquiera que le permita ganar.
¿Veremos concretarse estas alianzas o solamente se trata de otra estrategia para negociar posiciones?