Guillermo Torres Quiroz
A la memoria del Doctor Francisco Vega López, luchador de la democracia
La crisis del Instituto Nacional Electoral (INE) es también una crisis política para Morena, por más que sus dirigentes intenten deslindarse de ella. Guadalupe Taddei se ha convertido en el rostro de uno de los mayores escándalos recientes del organismo electoral. Su nombre comienza a ocupar un lugar incómodo en la memoria política nacional, junto a personajes como René Bejarano, recordado como el «señor de las ligas», o Genaro García Luna, uno de los villanos favoritos del discurso de la Cuarta Transformación.
La diferencia es que ahora el problema se encuentra dentro de una institución cuya independencia resulta indispensable para la democracia mexicana y cuyo deterioro podría tener consecuencias electorales para el oficialismo en 2027.
El cinismo político alcanzó una de sus máximas expresiones cuando Taddei recibió facultades extraordinarias para realizar nombramientos dentro del instituto. Anteriormente había propuesto a personas de su confianza para ocupar cargos estratégicos, pero varias de esas designaciones encontraron resistencia entre los integrantes del Consejo General.
Con las nuevas atribuciones, la colegialidad dejó de ser un obstáculo. La entonces presidenta pudo nombrar directamente a funcionarios de distintas áreas, sin necesidad de obtener el respaldo del pleno. El resultado fue una concentración de poder que debilitó uno de los principales contrapesos internos del organismo.
Las críticas a esos nombramientos no tardaron en aparecer. Se cuestionó la experiencia de algunos funcionarios y, sobre todo, su cercanía personal con Taddei. La lealtad parecía adquirir mayor importancia que la trayectoria profesional.
Ahora, la difusión de videos relacionados con presuntas irregularidades en contratos y proveedores del INE ha elevado la gravedad de la controversia. Las imágenes han provocado indignación, denuncias y nuevas investigaciones que deberán determinar las responsabilidades correspondientes.
Pero la pregunta verdaderamente política es otra: ¿terminará este escándalo por afectar a Morena en las elecciones de 2027?
Todo indica que existe ese riesgo.
La velocidad con la que distintos actores de la 4T han intentado marcar distancia de Taddei resulta reveladora. De pronto, la discusión dejó de concentrarse exclusivamente en la administración de la expresidenta y comenzó a extenderse hacia las contrataciones realizadas por el IFE y el INE durante las últimas dos décadas.
Investigar todo el pasado del organismo puede ser necesario, pero también plantea una interrogante: ¿se busca esclarecer las irregularidades o repartir el costo político entre administraciones anteriores?
Los presidentes del árbitro electoral
La historia del organismo electoral mexicano está marcada por dirigentes con distintas trayectorias, afinidades políticas, aciertos y controversias.
La etapa de autonomía del Instituto Federal Electoral comenzó en 1996, bajo la presidencia de José Woldenberg, un académico con antecedentes en organizaciones de izquierda como el Partido Socialista Unificado de México (PSUM), el Partido Mexicano Socialista (PMS) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Su nombramiento fue producto de los acuerdos políticos que permitieron avanzar hacia una autoridad electoral independiente del gobierno.
Woldenberg encabezó al IFE durante la histórica elección presidencial de 2000, cuando el PRI perdió la Presidencia de la República después de más de siete décadas de hegemonía.
Su sucesor fue Luis Carlos Ugalde, académico especializado en ciencia política, cuyo nombramiento respondió principalmente a los acuerdos entre el PRI y el PAN.
A Ugalde le correspondió enfrentar la controvertida elección presidencial de 2006, una de las más competidas de la historia mexicana. La estrecha diferencia entre Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador colocó al árbitro electoral en el centro de una intensa confrontación política.
Los errores de comunicación, las presiones partidistas y el cuestionamiento de los resultados terminaron por debilitar su permanencia. La reforma electoral de 2007 adelantó su salida del instituto, en un contexto de inconformidad del PRI, presiones del PRD y falta de respaldo suficiente del PAN.
En 2008 llegó Leonardo Valdés Zurita, académico especializado en temas electorales, impulsado mediante los acuerdos políticos derivados de aquella reforma.
Su administración enfrentó conflictos con TV Azteca y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), además de críticas relacionadas con la fiscalización de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en 2012.
Su paso por el instituto fue más discreto que brillante, aunque las principales controversias estuvieron vinculadas con decisiones electorales y disputas entre partidos.
La reforma de 2014 transformó al IFE en el actual Instituto Nacional Electoral. Para encabezar el nuevo organismo fue designado Lorenzo Córdova Vianello, hijo del reconocido intelectual de izquierda Arnaldo Córdova.
Durante su presidencia también surgieron episodios polémicos.
En 2015 se difundió una grabación en la que se burlaba de la manera de hablar de un representante indígena, hecho por el que posteriormente ofreció disculpas públicas.
Durante la pandemia de COVID-19, el instituto modificó el calendario de las elecciones locales de Hidalgo y Coahuila, decisión que generó cuestionamientos sobre las condiciones sanitarias y la organización electoral.
También fueron motivo de controversia sus reuniones con dirigentes del PRI, PAN y PRD, particularmente en medio de la confrontación política entre el gobierno de López Obrador y los partidos de oposición.
Estos antecedentes permiten identificar un patrón: los anteriores presidentes de la autoridad electoral enfrentaron críticas, presiones y acusaciones de parcialidad política.
Sin embargo, eso no significa que todas las administraciones puedan equipararse ni que las controversias de naturaleza política sean equivalentes a las actuales denuncias sobre posibles irregularidades administrativas y corrupción.
Esa diferencia resulta fundamental.
Taddei: del respaldo político a la ruptura
Guadalupe Taddei llegó a la presidencia del INE en 2023 mediante un inédito proceso de insaculación, después de que la Cámara de Diputados no alcanzara los acuerdos necesarios para elegir a los nuevos consejeros por mayoría calificada.
Su nombre formaba parte de una quinteta de aspirantes a la presidencia del organismo.
Aunque su designación se realizó mediante un procedimiento legal, sus vínculos políticos y familiares con personajes cercanos a Morena provocaron cuestionamientos desde el principio.
Originaria de Sonora, Taddei contaba con una trayectoria dentro de las instituciones electorales, pero también con relaciones políticas que alimentaron las dudas sobre su independencia frente al oficialismo.
La llegada de Taddei fue celebrada por Andrés Manuel López Obrador. Más adelante, las modificaciones legales impulsadas por la mayoría legislativa de Morena ampliaron considerablemente las facultades de la presidencia del instituto.
Por ello, el deslinde actual resulta poco convincente.
No se trata de afirmar que Morena haya designado directamente a Taddei ni de atribuir responsabilidades penales al partido sin pruebas. Se trata de reconocer una responsabilidad política: la mayoría oficialista respaldó una reforma que concentró atribuciones administrativas en la presidencia del árbitro electoral.
Y ahora que esas facultades son cuestionadas, varios de quienes contribuyeron a fortalecerlas parecen descubrir los riesgos de su existencia.
La contradicción es evidente.
Durante años, la 4T sostuvo que era necesario combatir los privilegios, terminar con los grupos de poder y evitar que las instituciones fueran utilizadas para beneficiar intereses particulares.
Hoy, el INE enfrenta una crisis precisamente por sospechas relacionadas con contrataciones, conflictos de interés y concentración de decisiones.
Lo que antes se denunciaba como una práctica del viejo régimen aparece nuevamente como un problema para quienes prometieron transformarlo.
¿La factura llegará en 2027?
Las elecciones de 2027 se acercan y Morena enfrenta un escenario en el que los escándalos pueden comenzar a acumularse.
A las investigaciones sobre el INE se suman otras controversias que han afectado la imagen del oficialismo.
Entre ellas destaca la entrega de tarjetas con 10 mil pesos a diputados federales de Morena, un beneficio que generó cuestionamientos sobre el manejo de recursos y los privilegios dentro de la propia bancada.
También persisten las controversias alrededor de Andrés Manuel López Beltrán, conocido como Andy, y sus relaciones personales y políticas, particularmente los señalamientos relacionados con el empresario Amílcar Olán.
Cada caso tiene una naturaleza distinta y requiere pruebas específicas. Sin embargo, en política la percepción pública suele construirse a partir de la acumulación de acontecimientos.
Un escándalo aislado puede superarse. Varios episodios consecutivos pueden terminar por modificar la imagen de un partido.
Morena ha construido buena parte de su legitimidad electoral sobre la promesa de combatir la corrupción y distinguirse de los gobiernos anteriores.
Por eso, las sospechas que involucran a figuras cercanas a su proyecto pueden resultar especialmente costosas.
El problema no consiste únicamente en demostrar si existen delitos. También está en explicar por qué determinadas prácticas, cuestionadas durante años desde la oposición, parecen encontrar nuevamente espacio dentro del ejercicio del poder.
No sabemos todavía cuál será el impacto electoral de esta crisis. Sería prematuro afirmar que el escándalo terminará con las posibilidades de Morena de obtener una amplia victoria en 2027.
Pero tampoco puede ignorarse que el partido enfrenta un riesgo reputacional.
La autonomía del INE no debería convertirse en una disputa sobre qué partido controla a su presidencia. Su fortaleza depende precisamente de impedir que las decisiones institucionales respondan a lealtades personales o partidistas.
La lección parece sencilla: cuando el poder político debilita los contrapesos de una institución, tarde o temprano puede terminar pagando las consecuencias.
Morena puede intentar deslindarse de Guadalupe Taddei, pero difícilmente podrá deslindarse de las decisiones políticas que contribuyeron a concentrar el poder dentro del INE.
Y esa será una de las cuentas que tendrá que explicar ante los ciudadanos rumbo a 2027.
EL DATILLO
El voto de castigo también cruza fronteras
Las elecciones intermedias de Estados Unidos dejaron una lección que los partidos mexicanos harían bien en estudiar: ningún gobierno tiene garantizada la permanencia del respaldo ciudadano.
La derrota republicana y el avance demócrata demostraron que el costo de vida, la inflación y el descontento económico pueden pesar más que los discursos y las promesas de campaña.
Para Morena y la Cuarta Transformación, la advertencia es clara: los apoyos sociales no necesariamente compensan el malestar provocado por los precios de la gasolina, los alimentos y los servicios. Prometer más dinero no siempre resulta suficiente para conservar el voto.
Para la oposición mexicana, particularmente el PAN y el PRI, el mensaje es distinto: es posible competir y ganar en territorios considerados difíciles cuando se presentan candidatos atractivos, se conecta con las preocupaciones reales de los ciudadanos y se recupera la identidad política.
De cara a 2027, ambos bloques tendrán que revisar sus estrategias.
La pregunta es: ¿quién sabrá interpretar primero las señales del electorado?